Transporte terrestre de carga sufre por escasez de conductores

En su último informe sobre escasez global de conductores, la IRU afirma que esta cuestión se ha convertido en un problema estructural para el transporte con efectos que se extienden más allá del sector y que, a través de las cadenas de suministro, llega hasta los consumidores finales.

La organización internacional estima que el año pasado 2,6 millones de puestos de trabajo como conductor se quedaron sin cubrir y que la situación irá a peor este 2022, limitando el crecimiento del sector de manera significativa. En Europa, el porcentaje de puestos de trabajo como conductor sin cubrir crecerá un punto porcentual este año, hasta alcanzar un 8% de las vacantes, con un índice de escasez de chóferes de un 14%, según la IRU.

Además, la institución también defiende que a medida que se va envejeciendo el colectivo de estos profesionales, la escasez de conductores se irá agravando irremediablemente si no se ponen medidas para revertir la situación, toda vez que durante la pandemia ha caído aún más la entrada de nuevos chóferes en el sector.

En este sentido, parece que los esfuerzos de las empresas para atraer nuevos profesionales no están dando sus frutos. En concreto, sólo un 3% de todos los conductores profesionales son mujeres y, a su vez, el porcentaje de chóferes jóvenes es un sólo 7% del total de esta categoría profesional.

Por ello, el sector pide el apoyo de las Administraciones públicas para mejorar las condiciones de trabajo para el colectivo, particularmente en lo que respecta a áreas de descanso dignas y el trato que reciben en las instalaciones de carga y descarga.

España busca solución en conductores extranjeros

Los conductores extranjeros representan en 2022 un mayor porcentaje de la contratación total que en 2021, pasando del 21.7% al 23,5% de los contratados en el sector, lo que demuestra que los empresarios del transporte quieren buscar opciones a la escasez de profesionales en España, incluso confiando en quienes no tienen experiencia en el país.

Y esta realidad ha llevado a pensar, por otro lado, que la Administración pública debería evaluar la posibilidad de facilitar todos los procesos de regulación de los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente al país, pero que hayan evidenciado aptitudes suficientes para conducir los vehículos que transportan los productos básicos que necesitamos cada día.

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