Hace unos días, en una charla sobre Firma Digital organizada por la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú, me preguntaron ¿qué falta para la transformación digital en el Perú? Esto me llevó a reflexionar sobre cada uno de los componentes que podría estar evitando que avancemos hacia ese objetivo.
En el Perú, tenemos más de 2200 normas sobre temas digitales desde inicios de los 90, correspondiendo a los últimos seis años casi el 30% de la producción de dicha regulación. Es decir, en 30 años hemos desarrollado, anualmente, más de 70 normas de diversa índole; en los últimos, más de 120 por año. Dicho de otro modo: no es el lado normativo el que nos debería preocupar porque regulación no nos falta. Más aún, mucha de esta normativa tiene pasada una década y hasta dos, como en el caso de las firmas digitales.
El segundo tema que podría faltarnos es el de políticas de Estado, pero desde el 24 de agosto del 2014 no es más una barrera, porque el Acuerdo Nacional estableció la Política de Estado 35 sobre un Perú Digital (Política de Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento) que define obligaciones y tareas claras para los diversos estamentos comprendido en éste. Tampoco era la falta de una visión de Estado el problema práctico.
Podría ser entonces la falta de tecnología de punta o de personal capacitado. Pero esto, que por muchos años sí supuso un problema, fue supliéndose tanto con desarrollo de capacidades desde las universidades públicas y privadas (un ejemplo es el hub de desarrollo de software en las diversas universidades de Arequipa), con diferentes iniciativas en materia digital tales como los recursos de Innóvate o el Hub Minero liderado por Pamela Antonioli, o por las diversas iniciativas que el mismo sector público ha intentado avanzar desde la SegDI en temas de gobierno digital. Por lo tanto, no es este el problema.
Finalmente, llegamos a un tema transversal al país: La falta de institucionalidad y de cumplimiento de normas (enforcement). Por un lado, los esfuerzos se pierden por ser aislados y no vincular a sociedad civil, sector privado, academia y gobierno; por otro, el gobierno plantea que la construcción de la sociedad de la información debe ser liderada por la visión gubernamental, contraviniendo los principios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y de la propia política 35 del Acuerdo Nacional.
¿Qué hacer?
Esto nos lleva a la necesidad de plantear la creación de una Agencia de Sociedad de la Información, que de manera transversal, ágil y sobre todo operativa pueda asistir a la utilización de las tecnologías digitales para el desarrollo de peruanos y peruanas, a la mejora de la competitividad y, claro está, al beneficio socioeconómico de todos.
Sin esta institucionalidad «con dientes» que garantice el enforcement, el otro fenómeno que se vuelve altamente problemático es precisamente la falta de cumplimiento normativo. Solo por ilustrar este fenómeno, la necesidad de cumplir con contar en el Sector Público con el standard ISO 27001 -de seguridad de la información- tiene más de una década, pero a las justas es un pequeño grupo de entidades quienes lo cumplen, pese a tener recursos financieros para ello.
Es pues la mejor respuesta posible a qué nos falta para avanzar en la transformación digital: Ni tenemos una institucionalidad dedicada al tema y una directiva público-privada que la coordine; ni contamos con el cumplimiento normativo de las cientos de normas ya existentes.
Por Erick Iriarte – CEO, eBIZ Latin America
Este artículo es una producción de la alianza entre Approlog y MasContainer
*Las opiniones son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de Approlog y MasContainer.
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