En su ‘Informe de fiscalización de la aplicación por las autoridades portuarias de las medidas de reactivación económica en el sector del transporte durante el ejercicio 2020 y su incidencia sobre la planificación estratégica del sistema portuario estatal’, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea estima que la disminución de la actividad, junto con la aplicación de las medidas de reactivación económica en el transporte marítimo aprobadas para 2020, han provocado una disminución de los ingresos por tasas portuarias de más de 85 millones de euros.
En concreto, según el organismo fiscalizador, 21.369.713 euros han correspondido a tasas de ocupación, 20.307.223 a tasas de actividad y 43.372.539 euros a tasas por buque, respectivamente. Así mismo, el Tribunal de Cuentas calcula que de estos importes, el coste total estimado de la aplicación de estas medidas ascendió a 53.637.391 euros.
De ellos, 20.734.515 euros corresponden a la reducción de la tasa de ocupación, 14.124.441 euros a la eliminación de la exigibilidad de tráfico mínimo, 10.916.515 euros a la reducción de la tasa de actividad y 7.861.920, a la reducción de la tasa del buque.
De acuerdo con el análisis del Tribunal, la tasa de ocupación es la que presenta «una correlación más directa en sus ingresos del impacto de las medidas de reactivación económica, debido a que la influencia sobre ella de las oscilaciones del tráfico portuario es limitada al depender sus variaciones de las modificaciones habidas durante el ejercicio en el número de las concesiones otorgadas y caducadas».
La entidad considera que las Autoridades Portuarias recibieron, en conjunto, para la aplicación de la reducción de la tasa de ocupación y de la tasa de actividad, 855 y 729 solicitudes, respectivamente, un 19,91 % y un 17,7 % sobre el total de las concesiones existentes al inicio de la declaración del estado de alarma.
Reducciones de tasas
Con más detalle, de estas peticiones, se habían aprobado hasta la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización un total de 622 reducciones de la tasa de ocupación y 522 reducciones de la tasa de actividad. Además, las peticiones de aplazamiento de la deuda ascendieron a 1.514, de las que se aprobaron 1.437.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas asegura que «el número de peticiones para beneficiarse de las medidas de apoyo al transporte marítimo presenta un porcentaje reducido, principalmente, debido a su dependencia de los sectores de actividad predominantes en cada uno de los puertos, determinantes del volumen de tráfico y de la actividad, no siendo uniforme la afectación del covid-19 en cada uno de ellos».
Así pues, al análisis del Tribual apunta que las concesiones vinculadas a la interacción puerto-ciudad son las que experimentaron un mayor impacto en su actividad, junto con los títulos concesionales relacionados con el tráfico de pasajeros.
Por el contrario, según el organismo, para las concesiones vinculadas a actividades industriales y logísticas, sectores cuya actividad no se vio especialmente disminuida, se mantuvo el volumen de tráfico. Por su parte, las concesiones de usos industriales y las de reparación y mantenimiento de embarcaciones no se pudieron beneficiar de las medidas debido a que su ciclo de producción es superior al ejercicio económico, por lo que la disminución de su actividad tendría lugar en 2021 y ejercicios posteriores.
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