Por presiones generadas por la pandemia, el derecho a invocar fuerza mayor (force majeure) en infraestructura y financiamiento de proyectos está bajo un mayor escrutinio dice la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings.
Las definiciones de fuerza mayor en los documentos de transacción de infraestructura van desde muy limitadas, que especifican eventos particulares, hasta cubrir en general cualquier evento fuera del control de cualquiera de las partes.
Los emisores pueden verse afectados negativamente luego de un reclamo exitoso de FM, dependiendo del remedio ejercido, según el comunicado de Fitch.
El objetivo de la fuerza mayor es excusar el desempeño cuando eventos extraordinarios afectan la capacidad de las partes para actuar. Las definiciones más limitadas en los documentos de proyectos de infraestructura a menudo se limitan a eventos que causan daños físicos al activo.
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Aunque una definición de forcé majeure puede no cubrir una pandemia, las acciones gubernamentales relacionadas, incluida una declaración de emergencia o suspensión de viaje, pueden caer dentro de la definición y crear una posibilidad de alivio contractual.
También hay conceptos de derecho común, como la imposibilidad de ejecución, que pueden invocarse si la fuerza mayor no proporciona alivio.
Fitch espera ver un aumento en la invocación de cláusulas contractuales u otros, lo que puede permitir a las partes flexibilidad en el incumplimiento del contrato.
Se espera que las partes de infraestructura resuelvan estos problemas a través de la negociación, aunque también es posible un aumento en los litigios, agrega el comunicado.
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Cuando se disputan cantidades de tiempo y/o dólares, las partes de la transacción no se pueden completar, o si los desacuerdos no se pueden resolver, todo el proyecto está en riesgo.
«Evaluaremos y reflejaremos el efecto de la activación de fuerza mayor u otras disposiciones, incumplimiento de contrato o litigio en nuestras calificaciones», dijeron desde Fitch Ratings.
