La actual pandemia de la Covid-19 está impactando decisivamente en numerosos aspectos de nuestras vidas. Frente a la amenaza del contagio, nos hemos visto obligados a recluirnos en nuestros hogares, a minimizar el contacto social, a reducir nuestros desplazamientos. En definitiva, hemos tenido que limitar al máximo la movilidad.
Esto ha provocado una imagen inédita en todo el mundo: los sistemas de transporte público de las grandes ciudades, habitualmente llenos de viajeros y viajeras, circulan prácticamente vacíos, lo que subraya la necesidad de realizar ajustes imprevistos en nuestro modelo de movilidad.
Según el Banco Mundial, las ciudades de América Latina no han resultado ajenas a este fenómeno. La fuerte disminución de la demanda y la necesidad de establecer medidas de prevención han llevado a los operadores del transporte público a implementar cambios difícilmente sostenibles. En muchas ciudades latinoamericanas se ha mantenido una oferta muy superior a la requerida, con el objetivo de garantizar una capacidad suficiente para ayudar a prevenir el contagio de la Covid-19.
Las adaptaciones al transporte público tienen un efecto adverso en las condiciones financieras de los prestadores del servicio, especialmente en aquellos servicios tradicionales que no se basan en contratos de operación o concesión y cuyo ingreso depende total o parcialmente de la tarifa abonada, tal y como ocurre en la mayoría de los servicios de transporte público en Lima y Callao, esto en Perú.
Si bien antes de la pandemia en América Latina el 56% de viajes se realizaba en transporte público, se prevé que el vehículo privado tome mayor protagonismo una vez se empiecen a flexibilizar las medidas de confinamiento. Por tanto, es preciso reconocer y recuperar el papel prioritario de los medios de movilidad públicos de las ciudades, evitando así el incremento de la contaminación ambiental, la congestión y los accidentes viales.
Al mismo tiempo, la experiencia actual nos muestra la necesidad de repensar nuestro modelo de transporte público. Los gobiernos locales y nacionales están emplazados a buscar soluciones para garantizar que las dificultades que atraviesan los sistemas de transporte público no afecten a la prestación de un servicio que se considera esencial para el desarrollo de las actividades económicas, pero cuyo uso no debe contribuir a una mayor propagación del virus.
Junto a lo anterior, es fundamental articular el necesario acompañamiento financiero a las empresas prestatarias del servicio de transporte público, de forma que sus ingresos no se vean seriamente penalizados por este nuevo panorama.
A nivel internacional, está el caso de España, donde la aportación pública a la financiación del transporte urbano se aproxima al 50% en condiciones normales y donde, adicionalmente y a raíz de la pandemia, se ha aprobado un fondo de 800 millones de euros que servirá para paliar la caída de ingresos de los operadores de transporte público metropolitano.
En América Latina, el subsidio al transporte público es más infrecuente, aunque destaca el caso de Chile, donde cerca del 45% de los costos de operación del sistema de autobuses y metros de Santiago de Chile (Transantiago) es financiado con recursos públicos. Este tipo de experiencias marcan el camino a seguir en la región, especialmente en las circunstancias adversas actuales, que demandan una respuesta urgente por parte de los gobiernos regionales y locales.
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