Ocho organizaciones pesqueras suscribieron un pronunciamiento para oponerse a la propuesta de grupos ambientalistas internacionales para ampliar la reserva marina de Galápagos.
La intención de los ambientalistas era usarla como «canje» de deuda porque consideran que afectará su economía. Es por esto que la agrupación de pesca en Ecuador asume que la idea viola la constitución, generará perjuicios para ese sector económico y tampoco arreglará los problemas.
Según publica El Telégrafo, la petición de los ambientalistas es crear una reserva marina a gran escala, pero el gremio pesquero dice que el Ocean Finance Company actuaría como entidad de canje para adquirir bonos 2030 en un total de US$ 1 mil millones de dólares a través de inversiones privadas.
El presidente de la Cámara Nacional de Pesca, Bruno Leone, dijo que “Ecuador no puede vender parte de su territorio por acceder a intereses internacionales maquillados como un beneficio para el país. Esto significa que el territorio insultar se pondría a manos de terceros».
Asimismo, la vicepresidenta de la Cooperativa de Pesca Copes Promar, Grace Unda, manifestó que «esta propuesta realizada al presidente Lenín Moreno es una vulneración de la soberanía marítima, además de perjudicar a la pesca artesanal. Debilitan sectores productivos como la pesca para favorecer intereses de turismo trasnacional».
Para las agrupaciones, si este convenio se formaliza, las consecuencias serían la reducción de la zona habilitada para pescar y con ellos aumento de desempleo y pérdidas en exportaciones.
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